La crisis del COVID-19 pone en evidencia las carencias de un sistema migratorio repleto de grietas. Las personas migrantes en España a mediados de 2019, en torno a 6,1 millones según el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de la Organización de las Naciones Unidas, y especialmente las que están en situación irregular, unas 600.000, según los cálculos de CEAR; se enfrentan a un escenario complejo. Por un lado, el gobierno establece algunas facilidades para atraer a extranjeros al campo y al sector sanitario y, por otro, les excluye de los planes de reactivación económica y ayuda de emergencia. Todo ello sumado a los efectos agravados de tener un acceso limitado a la sanidad, convivir con la incertidumbre por el parón de los trámites de Extranjería y permanecer en la clandestinidad, sin los derechos básicos y con pocos recursos económicos. Leer más…
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